Miami, 12 Abr (Notimex) — La legisladora estatal de Florida, Anitere Flores, negó en forma categórica que una ley migratoria que patrocina se parezca a la de Arizona y aseguró que es la primera en su tipo que responsabiliza al empleador.

El Comité Judicial del Senado de Florida ha aprobado de forma preliminar el proyecto conocido como SB2040 "Extranjeros no autorizados" patrocinado por Flores, senadora republicana que representa a un distrito del sur de Florida y es de origen cubano.

La medida ha levantado una ola de críticas contra la legisladora entre la comunidad inmigrante hispana de Miami-Dade –condado en el que nació-, al señalar que no se explica como siendo latina ha apoyado ese tipo de leyes.

Sin embargo, la senadora argumentó que con la de ella existen 12 propuestas diferentes en el congreso estatal, y dijo que prefirió proponer ella una, pues tiene mayor sensibilidad que sus colegas anglosajones sobre la importancia del inmigrante para el estado.

"Puedo asegurar que si esta ley no la llevo yo, la va a llevar una persona que no tiene la sensibilidad de la importancia de la inmigración como la tengo yo y como la tenemos todos aquí en nuestro condado (Miami-Dade)", dijo Flores al programa María Elvira Live de la cadena Mega TV.

Explicó que Florida es un estado muy diverso con 67 condados y 160 legisladores y dijo que cada uno de ellos tiene diferentes presiones para pasar leyes de inmigración por parte de sus votantes.

"Este año va a pasar una ley de inmigración, la diferencia es que si tengo la oportunidad de llevar esta ley yo misma (…) no va a ser una ley antiinmigrante y no va a ser como la de Arizona", subrayó.

A diferencia de la de Arizona que criminalizan al indocumentado, dijo que la SB2040, tiene dos partes: Una que dice que el empleador tiene que asegurarse de que el empleado que está trabajando para él está legalmente en el país.

Además hay provisiones que indican que si el individuo no tiene los documentos necesarios el empleador puede trabajar con diferentes agencias de inmigración para legalizar a la persona. "Es la primera vez que esto se propone", señaló.

La segunda parte se refiere a que las personas indocumentadas que han sido encontradas culpables de un crimen y que están en las cárceles sean deportadas.

"Actualmente hay como mil 500 indocumentados en ese caso que nos cuestan a los contribuyentes millones de dólares", subrayó.