Si todos los indocumentados dejaran Arizona, también se perderían 581.000 empleos, y la recaudación de impuestos bajaría un 10,1%, indicó el informe del Centro para el Progreso Americano (CAP) y el Centro de Política de Inmigración (IPC).

Raúl Hinojosa Ojeda, autor del estudio "El impacto económico de la legalización versus la deportación en Arizona", dijo en conferencia de prensa que el estado es un ejemplo del efecto "tóxico" que pueden llegar a tener leyes como la SB1070.

A su juicio, la medida buscaba un éxodo masivo de indocumentados en este estado.

Explicó que sin inmigrantes indocumentados, también desaparecen los trabajos y los impuestos que pagan en consumos y propiedades.

Por otra parte, el reporte también analizó el impacto económico que tendría la legalización de los indocumentados que viven en Arizona, basándose en los resultados de la amnistía de 1986.

En este caso los empleos crecerían en 7,7% al crearse 261.000 nuevas plazas y se inyectarían 5.600 millones de dólares a la economía en ingreso laboral.

También se aumentarían los ingresos generados por impuestos estatales en 1.068 millones de dólares.

Más de una docena de estados en el país se encuentran actualmente analizando la posibilidad de implementar leyes similares a la SB1070, la primera en criminalizar la presencia de indocumentados en Estados Unidos.

Un grupo de inmigrantes indocumentados camina junto a una carrerta cercana a Tucson (Arizona).