Charlotte (Carolina del Norte), 19 sep (EFE).- Grupos de defensa de los inmigrantes en Tennessee solicitaron hoy que el Departamento de Justicia investigue a policías de una localidad del estado y agentes de inmigración por prácticas ilegales y abusivas contra hispanos.

Días después de que residentes de la comunidad del condado Bedford, al sur de Nashville, la capital del estado, participaran de una audiencia pública con autoridades federales en la que denunciaron situaciones de discriminación, las viviendas de al menos cuatro personas en la ciudad de Shelbyville fueron allanadas.

Según un comunicado divulgado hoy por la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), con sede en Nashville, agentes armados del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) recorrieron el pasado sábado por la mañana vecindarios y negocios de hispanos de la zona.

Uno de los residentes afectados testificó en una asamblea pública organizada el pasado 12 de septiembre por Latinos Unidos de Shelbyville y otros grupos defensores de los inmigrantes, donde participaron oficiales de la División de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ).

En la misma se dio a conocer el documento "La Constitución Olvidada", una investigación que revela irregularidades en el proceso de detención contra los latinos del área por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y alguaciles de Bedford.

"Cuando los miembros de la comunidad hablaron sobre las tácticas abusivas e ilegales de los oficiales del deber, sus casas y negocios fueron invadidos. Esto es un acto claro de represalia para silenciar a estas personas que luchan por sus derechos", afirmó Katherine Esquivel, abogada del grupo Justicia para Nuestros Vecinos.

TIRRC no confirmó a Efe el número de personas detenidas durante la redada ni los cargos que enfrentan.

"Hoy solicitamos al Departamento de Justicia parar las deportaciones de estas personas y abrir una investigación formal sobre las conductas de los agentes del alguacil de Bedford y el grupo de Operación de Fugitivos de ICE de Nashville", enfatizó Esquivel.

El estudio, redactado por Sarah White y Salmun Kazerounian para TIRRC, la organización estatal proinmigrante más grande del estado, analizó los testimonios de los residentes y documentos oficiales de Bedford.

Aunque los latinos son el 20 por ciento de la población de Shelbyville, el 39 por ciento de los arrestos del primer trimestre de 2011 fueron de miembros de esta comunidad por violaciones a las leyes de tránsito.

El documento sugiere que el aumento de las detenciones de deben en parte a la puesta en marcha en enero de 2011 de una ley estatal que requiere a los carceleros indagar el estatus migratorio de los detenidos y reportarlos a las autoridades migratorios.

La medida estipula que el alguacil sólo puede detener a una persona por un espacio no mayor de 48 horas sino tiene antecedentes criminales.

Sin embargo, quejas de los miembros de la comunidad apuntan a que se prolongan los arrestos de los inmigrantes para que sean entregados posteriormente a las autoridades de inmigración para comenzar su proceso de deportación.

"Al principio de año agentes de la policía, los alguaciles y la patrulla de camino se paraban en mi tienda todo el día. Estamos en constante vigilancia. Si eres legal o no, estás marcado por tu color de piel y tu acento en inglés", comentó en el informe Miguel González, residente por 19 años de Shelbyville y dueño de la tienda La Tortilla.

En cuanto a su paso por las cortes, testimonios de los inmigrantes indicaron que los abogados defensores les sugieren que se declaren culpable de los cargos sin aclarar además las consecuencias que esto generaría para su caso migratorio.

La investigación además arrojó que no se proporciona un servicio de interpretación adecuada para los latinos en la corte a pesar que la ley federal lo estipula, y que al menos un traductor del condado Bedford no tenía licencia para ejercer este oficio.

"La Constitución Olvidada" también reveló la cooperación entre agentes de ICE y oficiales de la división de libertad condicional Beadford, para interrogar a los hispanos sobre su estado migratorio mientras acuden a su cita con los agentes locales.

"Esta comunidad sigue expuesta a los peligros y abusos de sus libertades civiles. Llevaremos este caso hasta las últimas conclusiones y no descansaremos hasta que DHS y DOJ formalmente investiguen a estas dependencias", añadió Katrina Gómez, una residente del área cuya identidad real fue cambiada por protección.

En los últimos años la población hispana del condado Bedford ha aumentado considerablemente.

De 45 mil habitantes, el 11.3 por ciento son inmigrantes hispanos que llegan a trabajar en las plantas avícolas y la crianza de caballos, superando inclusive a los afroamericanos que totalizan sólo el 7,9 por ciento.

Asimismo, se ha convertido en el hogar de miles de refugiados africanos que practican la religión musulmana.

Los grupos de defensa de los inmigrantes denuncian irregularidades en el proceso de detención contra latinos por parte de agentes del ICE y alguaciles de Bedford. EFE/Archivo