El presidente de la Unión de Campesinos, Arturo S. Rodríguez, emitió el siguiente comunicado desde la sede del sindicato en Keene, California, luego de que el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Bob Goodlatte (R-Va.) anunciara su proyecto de ley reemplazando el programa de trabajadores agrícolas H-2A con un plan con menos protecciones para los trabajadores que el infame programa bracero de 1942-1964.
La mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes están copatrocinando proyectos de ley para proporcionar a los Dreamers un estatus legal. En lugar de presentar propuestas para las cuales existe amplio apoyo público, como la legalización ganada, incluso para Dreamers y trabajadores agrícolas, ¿por qué los republicanos regresan a la noción extremadamente polémica de reemplazar a los trabajadores agrícolas estadounidenses con un ejército de trabajadores huéspedes importados sin protecciones laborales desde fuera del país?
No se puede apoyar a los trabajadores estadounidenses y apoyar a estos esquemas de trabajadores huéspedes. Los trabajadores agrícolas perderán ya sea reemplazando a trabajadores agrícolas de tiempo completo con trabajadores huéspedes, como el Comité de Apropiaciones de la Cámara apoyó, o avanzando el plan Goodlatte con menos protecciones para los trabajadores que el infame programa de braceros plagado de abusos, el cual el Representante Goodlatte lograría reduciendo los salarios de los trabajadores huéspedes y cancelando sus garantías de vivienda y transporte, y la capacidad de hacer cumplir legalmente sus derechos contractuales. El Representante Goodlatte quiere reducir el salario actual de los trabajadores agrícolas huéspedes del salario promedio reportado por los productores en una región con tasas que están justo por encima del salario mínimo. Permitir que cualquier productor estadounidense reemplace a cualquier trabajador estadounidense que no esté dispuesto a aceptar un trabajo por un salario mucho más bajo, como lo propone el proyecto de ley de Goodlatte, paralizaría la estabilidad de la fuerza de trabajo agrícola existente y de la propia industria.
El Departamento de Trabajo informa que aproximadamente la mitad de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Un principio fundamental de la ley de inmigración de EE.UU. durante décadas, incluido el actual programa H-2A, es garantizar a los trabajadores estadounidenses la primera opción de empleo en las granjas estadounidenses. Hoy, si un trabajador de los EE.UU. aparece en un campo para un trabajo retenido por un empleado con H-2A antes del punto medio de la temporada, el empleador debe proporcionarle ese trabajo al trabajador de EE.UU. La medida de Goodlatte anularía este principio profundamente arraigado. En lugar de probar que intentaron reclutar trabajadores estadounidenses antes de solicitar trabajadores huéspedes, los cultivadores simplemente tendrían que afirmar que lo intentaron.
Los salarios escandalosamente bajos en virtud del proyecto de ley de Goodlatte garantizarían el desplazamiento de los trabajadores agrícolas domésticos actuales, incluye la mitad de los trabajadores agrícolas que son ciudadanos de los EE.UU. y residentes legales, así como también trabajadores de otras industrias aliadas.
El presidente Trump insiste en que es tan vital proteger a los trabajadores estadounidenses y ponerlos primero. Entonces, ¿cómo pueden dejar de preservar el derecho de los trabajadores agrícolas estadounidenses a conseguir trabajos primero? Esta es también la razón por la cual el proyecto de ley de Goodlatte no es una respuesta para una implementación más completa del programa E-Verify.
Los trabajadores agrícolas hacen los trabajos más difíciles en Estados Unidos. No debería ser más fácil para los empleadores deshacerse de ellos o explotarlos. Los empleadores respetuosos de la ley que ofrecen salarios y condiciones decentes no deberían ser socavados por empleadores inescrupulosos que no lo hacen.
Ofrecer a otros trabajadores agrícolas experimentados que ya están aquí la posibilidad de permanecer legalmente es una solución mucho más justa y viable que importar un número considerable de trabajadores adicionales desde fuera de los EE.UU. La Ley de Protección al Trabajador Agrícola de la Senadora Feinstein y del Representante Gutiérrez y otros 69 miembros de la Cámara resuelve los problemas laborales de los productores y preserva la industria al permitir que los trabajadores agrícolas domésticos indocumentados obtengan la legalización después de pasar las verificaciones de seguridad nacional y antecedentes penales.
###