Los activistas se reunieron el viernes con miembros del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El encuentro estuvo precedido por una manifestación en la que participaron unas 60 personas que llevaban pancartas donde se podía leer "Las deportaciones destruyen nuestras familias" o "No más deportaciones".

"En la reunión demostraron que no están interesados en tener un diálogo", dijo a AP Daniel Coates, representante de la organización Make the Road of New York.

En la reunión, convocada por ICE, participaron representantes de unas treinta organizaciones, el director ejecutivo asociado del ICE, Gary Mead, y otros miembros de la agencia federal.

Donald Anthonyson, de Freedom for Family, criticó a ICE por ignorar a las personas afectadas por el programa que permite identificar a las personas que residen sin autorización mediante la verificación de su identidad en diferentes bases de datos. "Es penoso que no quieran hablar con ellos".

"El programa de Comunidades Seguras ha creado inseguridad porque ha infundido miedo por el hecho de tomar las huellas digitales a quien ha cometido alguna falta menor, que luego han sido inmediatamente compartidas con Inmigración entrando en un proceso de deportación", lamentó por su parte Vincente Mayorga, miembro de Make the road of New York, original de Ecuador y que lleva 14 años en Nueva York.

"Yo he visto amigos, familias que han sido separadas porque han sido deportados", añadió.

Comunidades Seguras es un programa creado en 2008 y que permite identificar a los extranjeros que residen en Estados Unidos sin autorización a través del intercambio de información entre policía y autoridades migratorias, con el objetivo de mejorar la identificación de las personas que cometen crímenes.

La policía toma las huellas dactilares de la persona detenida y se transfieren los datos a Inmigración para identificar su estatus migratorio.

El gobierno del presidente Barack Obama deportó una cifra récord de 392.862 personas en el año fiscal 2010, según datos del Departamento de Ciudadanía e Inmigración. Las organizaciones critican los cambios propuestos el mes de junio por ICE con el objetivo, según la institución, de mejorar el programa.

Entre los cambios propuestos están asegurar que no se deporten a víctimas de violencia doméstica u otros crímenes cuando denuncian los casos y centrar el programa en los "criminales más serios".

"En los cambios propuestos no se dice que los datos no vayan a ser compartidos con Inmigración, no dice que sólo se hará en casos de crímenes flagrantes", apuntó Mayorga.

Lamentó que en muchos casos las personas arrestadas o "no cometieron delito alguno" o bien "fueron menores como infracciones de tráfico".

En un comunicado, el ICE explicó que la reunión sirvió para discutir con la comunidad los cambios propuestos como son los "diseñados para mitigar el posible impacto en la comunidad previniendo la expulsión de víctimas de la violencia doméstica y de otros crímenes".

Según datos del ICE, entre octubre de 2008 y el 31 de mayo de 2011, se deportaron a través de las Comunidades Seguras a 115.396 personas, 82.465 de ellas por cometer un acto criminal (desde asesinato a delitos menores), lo que supone el 72 por ciento del total.

Las otras personas deportadas, el 28 por ciento, lo fueron, según el ICE, por violaciones de tipo migratorio como el haber entrado en el país luego de haber sido deportado o por cometer infracciones con el visado.

"ICE continuará trabajando con nuestros socios comunitarios para asegurar que nuestro mutuo compromiso en proteger la seguridad pública en el estado de Nueva York sea una realidad", expresó el comunicado.

Los estados de Nueva York, Illinois y Massachusetts no participan en este programa federal. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció en junio pasado que dejaría de participar en el programa porque no cumplía los objetivos y suponía "serias consecuencias" para testigos, víctimas de crímenes y la propia policía.

Por su parte, el gobernador de Illinois, Pat Quinn, anunció este año que se retiraba del programa por promover deportaciones de personas que no cometieron crímenes.