Reclamará gobierno EUA autoridad sobre ley inmigración HB56 de Alabama
Washington, 7 Ago (Notimex) — El gobierno de Estados Unidos confía en reclamar su autoridad en la aplicación de la ley de inmigración mediante una demanda contra la ley antiinmigrante HB56 de Alabama, al igual que lo hizo el año pasado contra la SB1070 de Arizona.
"En la medida que encontramos que las leyes estatales interfieren con la aplicación del gobierno federal de la ley de inmigración, estamos preparados para presentar una demanda, como lo hicimos en Arizona", informó el procurador general Eric Holder la semana pasada al anunciar la acción legal.
La decisión es consistente con la demanda anterior contra Arizona, en la que el Departamento de Justicia logró frenar sus aspectos más controversiales de esa ley que criminaliza a los indocumentados.
Un total de 31 estados del país han impulsado copias similares a la SB1070, al cumplirse en abril pasado un año de su promulgación por parte de la gobernadora Jan Brewer, según un informe del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la organización hispana más grande de Estados Unidos.
La acción del gobierno federal ha sido bien recibida por defensores de los inmigrantes, como el consejero general del Centro Nacional de Inmigración, Linton Joaquín, que manifestó que leyes antiinmigrantes como la de Alabama y otras similares de Arizona, Utah, Indiana y Georgia "son una afrenta" para los valores estadunidenses y constitucionales.
"Damos la bienvenida a la intervención del gobierno federal en prevenir que entre en efecto esta peligrosa y costosa ley" de Alabama, puntualizó el abogado del Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur, Sam Brooke.
Al igual que Arizona, la demanda contra Alabama indica que la HB56 también puede resultar en el hostigamiento y detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales e incluso ciudadanos de Estados Unidos que no estarían listos para probar prontamente su estatus legal.
La HB56 pondría presiones significantes en las entidades federales, desviando recursos de peligrosos extranjeros criminales y otros objetivos de alta prioridad e impone mayores presiones a los niños al exigir que los estudiantes prueben su presencia legal, lo cual podría desanimar que los padres a matriculen a sus hijos en la escuela.
La ley de Alabama busca afectar prácticamente todos los aspectos de la vida del indocumentado, incluyendo empleo y transporte, al criminalizar su presencia ilegal y expande la autoridad de la policía local de aplicar la ley de inmigración, según el Departamento de Justicia.
La HB56 rebasa los alcances de la SB1070 de Arizona, al dejar a discreción de la policía detener personas para determinar su estado migratorio sin que exista causa probable, sino solo una "sospecha razonable" de que sean indocumentados.
La norma aprobada en junio pasado por los legisladores locales obliga a dueños de casas y apartamentos a verificar la situación migratoria de posibles arrendatarios, y prohíbe a los ciudadanos de Alabama albergar o transportar a indocumentados, aunque sean familiares.
Al igual que lo hicieron antes contra la SB1070, una coalición de organizaciones defensoras de los derechos civiles interpuso una demanda colectiva contra la ley HB56 de Alabama al indicar que pone en peligro la seguridad pública, incita a la discriminación racial e interfiere con las leyes federales.
La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, reafirmó por su parte que su dependencia continuará aplicando la ley federal de inmigración de maneras "inteligentes y efectiva" enfocadas en extranjeros criminales, empleadores que contratan indocumentados y la seguridad fronteriza.
"Legislación como esta (HB56) desvía recursos clave para la aplicación de la ley con respecto a las amenazas más serias a la seguridad pública y afecta la confianza vital entre las jurisdicciones locales y las comunidades que sirve", enfatizó.
Manifestó que el gobierno federal continúa apoyando una reforma al sistema de inmigración pero "a nivel federal, porque este desafío no se puede resolver con retazos de inconsistentes leyes estatales".
El Departamento de Justicia ha pedido que se suspenda la entrada en vigor de la ley HB56 de Alabama, prevista para el 1 de septiembre, bajo el argumento de que su instrumentación "causará un daño irreparable".
NTX/SDT/MMMM/TIEMPO09/LIBRE09